¿Quién paga manda?




Foto tomada de elpais.com/diario/2011/08/05/revistaverano/



Las investigaciones y sus respectivas publicaciones deben sortear habitualmente un sinfín de obstáculos (sesgos) para que las conclusiones de las mismas puedan ser consideradas consistentes, creíbles y generalizables. Tradicionalmente se exige a los investigadores que declaren los potenciales conflictos de interés que el patrocinio de los trabajos puedan tener porque ello puede influirles (¿presionarles?) "consciente o inconscientemente" durante el ciclo completo de sus trabajos.

Pasó con la industria tabaquera

Si en 1981, un estudio del japonés Hirayama concluía que las mujeres (fumadoras pasivas) de varones muy fumadores presentaban el doble de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que las mujeres de varones no fumadores. La industria tabaquera se tomó muchas molestias para desarrollar toda una estrategia para refutar los resultados utilizando las mismas armas (estudio y publicación en 1995) para llegar a las siguientes conclusiones: "no existen evidencias que permitan afirmar que los fumadores pasivos tengan mayor riesgo de padecer cáncer" añadiendo que el trabajo anteriormente aludido "era poco creíble" y que carecía de evidencias científicas concluyentes. Fue un excelente artículo publicado finales de 2002 en el BMJ de Hong y Bero, el que puso orden y concierto en este asunto. 

El dificil equilibrio con la industria farmacéutica

También la relación de algunos investigadores con alguna industria farmacéutica se ha visto impregnada, con errores o sesgos. Resulta cuanto menos curioso que sean publicados de forma más frecuente aquellos estudios que presentan hallazgos acordes con las "bondades" de la molécula objeto de interés. Y máxime cuando los medicamentos recetados han llegado a suponer la tercera causa de muerte en  EEUU.  Tema candente y del que vale la pena leer el reciente (14-01-2014) debate que propicia el BMJ en su artículo “Should journals stop publishing research funded by the drug industry? (¿Deberían las revistas dejar de publicar artículos de investigación financiados por la industria farmacéutica?). Richard Smith (ex editor del BMJ) y Peter Gøtzsche (Director del Centro nórdico Cochrane) argumentan a favor del cese, “las revistas deberían dejar de publicar ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica por la misma razón que no publican investigaciones financiadas por la industria tabaquera: hacen daño a la gente”. Trish Groves, editora del grupo BMJ, razona porque deben seguir publicandose (por el momento).

Le ha llegado el turno a la industria alimentaria

Y ¡no hay dos sin tres! Un estudio publicado en diciembre de 2013, en PLoS Medicine sobre el consumo de bebidas azucaradas y la ganacia de peso parece confirmar la hipótesis de que los autores de algunas revisiones sistemáticas llegan a conclusiones consistentes con los intereses de sus benefactores. ¿Como lo hicieron? Las conclusiones de 17 revisiones sistemáticas sobre el tema fueron clasificadas de forma independiente por dos investigadores en dos grupos: aquellos que encontraban una asociación positiva y aquellos que no. Estos dos revisores no conocían si existía financiación o posibles conflictos de intereses. En 6 de estas revisiones existía un potencial conflicto de intereses financieros con alguna industria de la alimentación. Entre las revisiones sin conflicto de intereses, el 83,3% de las conclusiones (10/12) indicaba que el consumo de refrescos azucarados puede ser un potencial factor de riesgo para el aumento de peso. Por el contrario, el mismo porcentaje de conclusiones, 83,3%, (5/6), de las revisiones con posible conflictos de intereses por financiación de la industria alimentaria, estableció que existían datos insuficientes para establecer la asociación positiva entre consumo de bebidas carbonatadas y aumento de peso u obesidad. Así estimaron que era 5 veces más probable de presentar una conclusión de no asociación positiva entre consumo de refrescos azucarados y el acumulo de unos kilitos de más que aquellas que no lo tenían.

Por supuesto que los estudios publicados que no declaran conflictos de intereses relacionados con la financiación de la industria alimentaria también podrían estar sometidos a otros sesgos, pero el hecho de que los revisores no conocieran esta situación con anterioridad sigue siendo un valor añadido a la conclusión principal.

Visto lo visto (o leido lo leido que tanto da) es inevitable pensar que toda medida que ayude a identificar este tipo de conflictos de interés es poca. Y que la ciencia y la investigación debe quedar totalmente al margen ni siquiera por asomo, por acción u omisión, de aquello de "quien paga manda".