En alimentación, las tasas no resuelven pero ayudan.

El debate de poner impuestos u ofrecer ayudas para evitar/estimular el consumo de algunos alimentos o bebidas en detrimento de otros viene de largo y para mi es un tema recurrente que suelo visitar periódicamente basta recordar las reflexiones que dejé en otras entradas de este blog, como por ejemplo: Un poco de azúcar ya empieza a ser demasiado o El peso ligero del impuesto más dulce, en el caso de los azúcares.

Hoy lo vuelvo a recoger motivado por un informe publicado hace apenas un mes de OMS Europa, el cual nos resume experiencias y modelos de práctica en este sentido: Using price policies to promote healthier diets (2015). Sus conclusiones son claras: esta medidas son factibles, pueden influir en los patrones de consumo y de compra (en algunos casos), se ha podido identificar impactos medibles derivados en los hábitos alimentarios y de salud, y además, podrían generar ingresos revertibles en prevención y la salud pública. De interesante lectura, os resumo las experiencias de las que habla y que en el texto se desarrollan con mayor profundidad:

Dinamarca: Instauró un impuesto sobre las grasas saturadas de aproximadamente 2,15€ por kg en productos con más de 2,3 g de grasas saturadas por 100 (por ejemplo, carne, productos lácteos, aceites y grasas comestibles, la margarina y las mezclas para untar). Resultado: el impuesto redujo en un 10-15% el consumo a corto plazo de algunos productos. Lamentablemente (para mi) ya no está en vigor.

Finlandia: Un impuesto sobre los dulces, helados (0,95 € por kg) y refrescos con azúcar (0,22 € por litro). Resultado: disminución reportada en el consumo de dulces y refrescos en 2011 y 2014, pero no hay una evaluación formal para inferir la causalidad.

Francia: Un impuesto (aproximadamente € 0,07 por litro) sobre todas las bebidas no alcohólicas con azúcar o edulcorantes añadido que grava desde 2012 a los fabricantes franceses, importadores y establecimientos de comida de bebidas con adición de azúcar o edulcorantes, incluyendo refrescos, bebidas de frutas, aguas saborizadas y bebidas "light". Resultado: produjo una caída inmediata de las ventas de estos productos tras la introducción del impuesto. 

Hungría: Un impuesto sobre las bebidas endulzadas con azúcar, bebidas energéticas (con metilxantinas o taurina), productos de confitería, galletas saladas, condimentos, alcohol con alto contenido en azúcar y mermeladas de frutas y helados, que grava a tasas diferentes desde 2011. Resultados: se observó la reducción del consumo y la reformulación de los productos en cuestión.

Unión Europea: Un plan de ayudas para proporcionar frutas y verduras para los niños en las escuelas, financiado por la UE con contribuciones nacionales, privadas y de los padres. El plan llega a más de 8 millones de niños en más de 54 000 escuelas en 25 países participantes. En 2010/2011, la UE gastó 55,4 millones de euros (de los 90 millones de euros asignado al plan), junto a los padres y la cofinanciación privada fue de 44,5 M €, con lo que el gasto total estuvo ligeramente por debajo de 100 millones de euros. Resultados: se observó un aumento del consumo de frutas y verduras a corto plazo. El consumo y los impactos en la salud a largo plazo aún no se han podido determinar.

Pero escribiendo esta entrada encuentro otro punto de vista sobre las tasas realizado por una potente organización de consumidores. La revista OCU-Salud se plantea este mes la siguiente pregunta: Impuestos a la grasa y el azúcar ¿Quién se privaría por unos céntimos?  En sus conclusiones, la Organización de Consumidores y Usuarios, argumenta que penalizar grasa y azúcar como medida a secas, les "parece una medida inútil" y se adhieren a la opinión de aquellos que consideramos que la lucha contra la obesidad requiere un abordaje múltiple y adaptado a cada población. Me parece muy interesante conocer la opinión sobre este tema de los ciudadanos en tanto son consumidores activos (que es como considero a los asociados de OCU). Además su estudio nos desvela que:

• el 87% de los consumidores creen que los impuestos de los productos saludables deberían ser mas bajos y los de los poco saludables más altos 
• el 72% cree que debería subvencionarse el precio de la fruta y la verdura para aumentar su consumo
• el 71% manifiesta que compraría productos saludables mas a menudo si su precio fuera menor

Uno podría llegar a pensar que con estas premisas, el consumo considerado en función de la variable precio es altamente predecible pero la misma encuesta nos ofrece dos datos más:

• un 30% de los entrevistados manifiesta que un impuesto especial sobre los alimentos no saludables cambiaría sus compras
• un 29% dejaría de comprar alimentos poco saludables si se les subiera el precio un 40%

De aquí parece derivarse que el precio es uno de los principales factores que influye en la elección de alimentos y que las estrategias de fijación de precios (implantación de impuestos) pueden ser disuasorias (al menos para una de cada tres personas). Es decir que estas medidas podrían actuar (respetando la libertad de decisión) en el concepto de los llamados “empujoncitos o nudge", moduladores de ciertas acciones como argumentamos en otro post. En definitiva, una estrategia de precios altos en determinados productos puede tener un importante efecto sobre su consumo, sobre todo en los países de bajos ingresos y de forma interesante en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos. 

Lo dicho la modulación de precios no es "la" medida definitiva pero junto a una adecuada educación, información nutricional supone, si se complementan las tasas con ayudas a productos saludables, un ambiente de elección asequible a la ciudadanía que quiere poner salud en su plato independientemente de su nivel adquisitivo.