Estamos lejos de ver políticas gubernamentales drásticas para evitar la obesidad en niños y adolescentes. No me refiero a los intentos de procurar estrategias "blandas" que conciencien a ciudadanos y colectivos de la importancia de la obesidad, sino a tomar medidas reales en aras a conseguir efectivamente la reducción de las alarmantes cifras de sobrepeso que padecemos.
Un artículo publicado en la revista American Journal of Preventive Medicine realiza un análisis de microsimulación para medir el impacto a 20 años vista (2032) de tres políticas para reducir la obesidad en niños y adolescentes: a) programas extraescolares de actividad física; b) la prohibición de los anuncios televisivos sobre comida rápida (fast food) y c) el establecimiento de tasas o impuestos especiales sobre refrescos azucarados.
Los resultados refieren que con cualquiera de las tres medidas se obtendrían resultados, con una perspectiva de largo plazo, para reducir la prevalencia de obesidad infantil, si bien con distinta intensidad. De menos a más: la prohibición publicitaria provocaría una diminución de la prevalencia del 0,9%; los programas extra-escolares de actividad física reducirían la obesidad sobre todo en niños de 6 a 12 años en un 1,8% (¡justo el doble!) y, la proyección para el establecimiento de una tasa (1 céntimo de dólar por onza [30 ml] que aumente el precio en un 15% o 20% para el tamaño estándar) parece que sería capaz de reducir un 2,4%, la obesidad entre adolescentes de 13 a 18 años.
Otro estudio publicado por American journal of community psychology con población joven (de 2 a 19 años) estadounidense apuntaba la repercusión de esta medida sobre la reducción del consumo energético, estableciendolo por término medio en 32 kcal/día, para llegar a su máximo (54,2 kcal/día) en el grupo de 12 a 19 años de edad.
En una entrada anterior ya reflexionaba sobre el problema que significaba el consumo excesivo de las bebidas o refrescos azucarados a nivel poblacional. A primeros de este año en Gaceta Sanitaria, hice mi contribución al debate con el artículo: “Un dulce impuesto para no amargar la salud” sobre estrategias para combatir la obesidad incluida el establecimiento de tasas.
En nuestro entorno lo más parecido a estas estrategias organizadas por la administración puede ser el proyecto liderado por los dres Martínez Vizcaíno y Salcedo Aguilar, del Centro de Estudios Sociosanitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Este grupo lleva monotorizando la evolución de los factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes de la provincia de Cuenca desde 1992. Desde 2004 lo han completado con el programa MOVI: intervención de actividad física en el tiempo libre para escolares.
Refiriéndonos a la publicidad, podemos hablar de la nueva versión del CóDIGO PAOS, "Código de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores, prevención de la obesidad y salud" vigente desde el inicio de 2013, desde su puesta en marcha en 2005 ha sido una estrategia positiva pero no deja de ser un elemento de adhesión voluntaria y basado en la autorregulación.
Recuerdo que hace un par de años Cataluña coqueteó, parecía que en serio, con la posibilidad de establecer impuestos para los refrescos azucarados, pero aquello parecía más una medida simplemente recaudatoria que una apuesta por la salud. En septiembre de 2013, la propuesta perdió gas como si sutilmente alguien se hubiera dejado el refresco azucarado mal cerrado. Así lo describía en su momento el diario El Pais (10.09.2014: Cataluña renuncia al impuesto sobre los refrescos tras las presiones americanas)
"El Gobierno catalán empezó ayer a tramitar tres nuevos impuestos medioambientales para incluirlos en los Presupuestos de 2014, en los que fía el objetivo de déficit a la mejora de los ingresos. Sin embargo, aparcó un gravamen que había generado controversia antes de su creación: el impuesto sobre las bebidas con exceso de azúcar, con el que la Generalitat preveía recaudar 30 millones de euros. La tasa estaba incluida en el pacto de legislatura con Esquerra, pero la embajada norteamericana presionó para que el Gobierno catalán desistiera de su intención de tirarla adelante. En febrero, el embajador en Madrid Alan D. Solomont, se reunió con Artur Mas para expresarle el malestar de las empresas de bebidas refrescantes de su país y advertirle que el tributo podía hacer mella en las inversiones de empresas de Estados Unidos en Cataluña. La Generalitat desligó su renuncia de las presiones, y aseguró que aparcaba el tributo tras haber hecho balance de los “pros y los contras”, en expresión del consejero de Presidencia, Francesc Homs".
Claro está que existen otras actuaciones complementarias que no podemos desdeñar: avisos en los etiquetados, información nutricional, inclusión en el curriculo escolar de habilidades de planificación, compra y cocina, etc... que son compatibles. Aunque todavía no he logrado descubrir en la Ley del ministro Wert (LOMCE) ningún nutritivo paso para la salud corporea de los ciudadanos, bien que ha mostrado gran interés en dejar "atada" la salud del espíritu con la inclusión de la asignatura religión.
Me da la impresión de que presionamos poco para conseguir políticas gubernamentales decididas en disminuir la presencia de este problema "tan gordo".
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